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RAQUEL RIVERA. MÁLAGA La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz el segundo grado penitenciario, lo cual le permitiría gozar de permisos ordinarios en abierto, si la cárcel considera que cumple los requisitos y es conveniente.

Muñoz, que se encuentra interno en la prisión de Jaén, cumple una condena firme de un año de cárcel por un delito urbanístico en el denominado ´caso Moansa´. El ex regidor se encuentra en esta nueva situación penitenciaria desde finales del mes de noviembre, una vez que Instituciones Penitenciarias hizo efectiva la solicitud de la cárcel de otorgarle el segundo grado, que es el régimen ordinario. Así, Muñoz no se encontraría ni en la primera categoría, para presos conflictivos o violentos, ni en el tercer grado, designado a personas que llevan un largo tiempo de condena y sólo pasan la noche en el centro penitenciario.

El ex alcalde ingresó en prisión el 20 de julio de 2006 como preso preventivo, por su presunta implicación en el ´caso Malaya´ contra la corrupción en Marbella, pero a finales del pasado mes de septiembre el instructor de esta causa le concedió la libertad provisional bajo una fianza de 50.000 euros.

La nueva clasificación como un interno que cumple condena no supone un cambio significativo, aunque le permitiría optar al régimen abierto. De hecho, según la ley, los penados clasificados en segundo grado pueden disfrutar de permisos de salida ordinarios, de hasta treinta y seis días al año, y de permisos extraordinarios cuando se producen circunstancias excepcionales.

Desde finales de octubre los letrados Diana Hinojosa y Pablo Lazárraga llevan el tratamiento penitenciario de Muñoz, para que pueda obtener el tercer grado. Los abogados han solicitado permisos para que pueda salir en Navidad.

Juicio. El ex alcalde marbellí y otros cinco antiguos concejales del GIL volvieron ayer a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito urbanístico, en este caso, por la aprobación de un proyecto para construir un edificio con 106 viviendas y comercios en una zona deportiva de uso.

Las defensas de los ediles solicitaron la suspensión de la vista oral y que el juez, titular del juzgado de lo Penal 7, se inhibiera por falta de imparcialidad en el caso. En este sentido, el letrado Pablo Luna denunció la falta de objetividad del magistrado, que precisamente dictó la última sentencia condenatoria de Muñoz.

La Fiscalía se opuso a esta petición, al considerar que “la objetividad de la sentencia del juez es evidente y no merece reproches de apreciaciones personales”. A este respecto, el juez señaló que la inhibición no procede, aunque se comprometió a evitar cualquier tipo de indefensión e intentaría no incluir consideraciones generales sobre la realidad de Marbella, que no hayan sido objeto de prueba en el juicio.

Por su parte, el edil Rafael González declaró que la Junta de Andalucía no pidió revisión de las licencias que se enjuician. En este caso, además de González y Muñoz, están acusados Manuel Calle, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez y Dolores Zurdo. Se enfrentan a 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación en el cargo.