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El pacto de Julián Muñoz con la Fiscalía provoca rechazo en políticos y vecinos de Marbella. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía lamentaron que a los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) les va a salir muy barato el expolio patrimonial de la ciudad por culpa del pacto con la Fiscalía. La operación les supone un tiempo máximo de encarcelamiento de tres años a cambio de no celebrar más juicios por los delitos urbanísticos que se les imputan. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, fue más allá al asegurar que la Fiscalía General del Estado ‘tendrá que dar explicaciones dentro del ámbito político’ acerca de la decisión que ha adoptado.

‘Ningún componente del equipo de gobierno está más contento porque los concejales de las anteriores corporaciones pasen más o menos tiempo en la cárcel’, manifestó la regidora tras comparar ‘las barbaridades’ que se han cometido en torno a la administración local de Marbella con otros procedimientos ‘que pueden tener mucha menor cuantía’. Muñoz aprovechó para recordar que no piensa renunciar a recuperar ‘ni un solo euro de todo lo que se ha saqueado del Ayuntamiento’ y, en este sentido, adelantó que el gobierno municipal del PP que encabeza va a ser ‘combativo’.

A quien tampoco le agradó el pacto entre la Fiscalía y los abogados de los seis ex ediles del GIL fue al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. ‘No me gusta’, acotó Luciano Alonso, quien ocupó el cargo de delegado del Gobierno andaluz en Málaga durante los años 1994-2004, ejercicios en los que se mostró especialmente crítico con los equipos del GIL.

Crítica con la resolución fue también la oposición en el Consistorio marbellí. La portavoz del PSOE, Susana Radío, explicó que ‘lo primero que debería haber contemplado el acuerdo’ es la indemnización al ayuntamiento, ‘una indemnización efectiva además’, subrayó. ‘Por si fuera poco, la pena es insuficiente’, amplió la portavoz del PSOE. Este periódico intentó contactar sin éxito para conocer su opinión con el concejal y portavoz de IU, Enrique Monterroso.

Según Radío, el acuerdo no tiene en cuenta ‘para nada’ el daño que sufrió la ciudad de Marbella. ‘Esto se demuestra cuando se han olvidado por completo de establecer una indemnización porque Marbella necesita recuperar el dinero que se llevaron’, censuró la portavoz del PSOE.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara, Alejandro Dogan, cree que el acuerdo puede suponer ‘todo un negocio’ que habría que replantearse. ‘Si estar dos años en la cárcel supone resolver mi situación económica y la de mis hijos y nietos, habría que ir pensándoselo’, afirmó Dogan, que reiteró que el pacto ‘no es bueno’.

El representante vecinal considera que, de esta forma, no se juzgan los procedimientos urbanísticos que hay pendientes y que este hecho supone ‘un borrón y cuenta nueva’ para imputados que han cerrado el citado acuerdo, como el ex alcalde Julián Muñoz. Dogan lamenta que ‘la gran perjudicada’ de todo esto vuelve a ser en concreto la ciudad de Marbella.