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MARBELLA. El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco ex ediles han sido condenados a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística por el «caso Incopromar» sobre la concesión de una licencia para construir en suelo de uso público. En la comisión de gobierno que aprobó dicha licencia también participó un sexto edil, Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que finalmente no ha sido juzgado al estar en paradero desconocido.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga absuelve al que fuera asesor jurídico del fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil, José Luis Sierra, así como al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca, al que le fueron retirados los cargos durante el juicio.

Se consideran como hechos probados que los condenados aprobaron en Comisión de Gobierno el 4 de julio de 1997 otorgar licencia de obras a la empresa Incopromar -propiedad en un 95 por ciento del fallecido periodista Antonio Herrero- para la construcción de un edificio de diez plantas en suelo destinado a uso público. Dicha Comisión de Gobierno fue presidida por Julián Muñoz como alcalde accidental.

J.M.C.

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha suspendido hasta julio el juicio previsto para la próxima semana contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y otros ex ediles marbellíes, entre los que se encuentra Pedro Román, por el denominado ‘caso Belmonsa’.

La suspensión se produce después de que la defensa de Roca la solicitara por no haber tenido tiempo a instruirse la causa. El juicio por este caso se ha vuelto a fijar, según señalaron fuentes judiciales, para los días 24, 25, 28 y 29 de julio de este año.

El fiscal acusa a Muñoz, Roca, Román, a los ex ediles Rafael González, Mario Jiménez, José Marino Pomares, Manuel Calle, Marisa Alcalá, y al abogado José Luis Sierra, en relación a una operación urbanística sobre unos terrenos municipales y a la licencia otorgada en la comisión de gobierno de 16 de mayo de 1997 a la empresa Belmonsa para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas.

Estima que con el otorgamiento de las licencias “se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad”, en lo que tuvo una intervención decidida Roca, responsable de Planeamientos 2000 “desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento”.

En este sentido, en el escrito de la acusación pública se precisa que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, y con el fin de “favorecer económicamente a los promotores” que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997.

Los delitos por los que el fiscal acusa en este procedimiento, según las conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press, son dos contra la ordenación del territorio, otros dos de tráfico de influencia y uno de prevaricación.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha condenado a Julián Muñoz y a cinco ex concejales más del Ayuntamiento de Marbella a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística.

Según la sentencia, el ex alcalde de Marbella, natural de El Arenal, junto con sus compañeros de corporación, decidieron de común acuerdo, en la comisión de gobierno del 4 de julio de 1997, dar licencia de obra a Incopromar para 68 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida del Mar, sobre la base de la revisión del Plan General que no había sido aprobado.

La nueva condena de Julián Muñoz, por tanto, se refiere a un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia de obra a la empresa Incopromar para construir un edificio de diez plantas en suelo público, según informa Europa Press.

En la sentencia se absuelve al abogado José Luis Sierra y al ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga tiene previsto juzgar esta semana, jueves y viernes, días 17 y 18 de enero, al ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y a otros siete ex ediles por un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de la licencia de obras a la empresa Laelco para la construcción de 89 apartamentos y garajes sobre suelo calificado de rústico primero y no urbanizable posteriormente. La Fiscalía solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación para cada uno de los procesados.

Concretamente, las diligencias se centran en la licencia de obras que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento marbellí, concedió en julio de 1999 a la entidad Laelco Inversiones SL, propiedad de la empresa Aifos, cuyos directivos están imputados en el ‘caso Malaya’, para construir en la urbanización Guadalpín Norte, la promoción ‘Jardines del Príncipe’.

El complejo residencial, que consta de dos edificios, nunca llegó a ser habitado y fue precintado durante 2006 por la gestora. Asimismo, existe una sentencia firme y definitiva dictada por el TSJA que revoca la licencia otorgada.

Además del ex alcalde marbellí están imputados otros siete miembros de su ex equipo de Gobierno

Como curiosidad cabe añadir que este juicio fue suspendido en mayo y en noviembre del año pasado. En este último caso porque el ex concejal marbellí, Tomás Reñones, renunció a su defensa tras surgir “diferencias” en el criterio.

En este caso están acusados, además del ex regidor, que de nuevo está en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, los entonces ediles Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones, Javier Lendínez -todos imputados en el caso ‘Malaya’-; así como María Luisa Alcalá, José Luis Troyano y Alberto García.

Esta concesión se realizó “a sabiendas de que la licencia contravenía las normas urbanísticas vigentes aplicables a la parcela para la que se concedía el permiso de obras”. Así, el fiscal entiende que en ese momento la normativa vigente era el Plan de Ordenación Urbana de 1968, que calificaba la parcela como suelo rústico de control; y, a partir del decreto 16/1981 como suelo “no urbanizable”.

El todavía novio de Isabel Pantoja continúa su particular guerra con los medios de comunicación, a los que acusa de la mayoría de sus males. Guerra que comenzó antes de su ingreso en la cárcel y mantiene entre rejas.

Pero no todos los periodistas son igual de malos a ojos de Julián Muñoz. Algunos, los que le dejan dar su particular visión de la realidad, son buenos y entre éstos parece hallarse María Teresa Campos.

Es por ello que el ex alcalde Marbella le ha enviado una carta muy personal en la que solicita a la periodista que le entreviste en la cárcel. La Campos, ni corta ni perezosa, ha leído letra por letra y punto por punto la misiva en los micrófonos de su programa en Punto Radio y ha confesado que no es la primera vez que Julián se pone en contacto con ella.

Eso sí, aunque la carta le llegó a María Teresa el día 27 de diciembre, ella esperó religiosamente al regreso de su programa tras las vacaciones para leerla. Cosas de la audiencia.

Sea como fuere, el ex alcalde se muestra de lo más sensible en su misiva:

Querida María Teresa:

Muchas felicidades por estas fiestas para ti y tu familia y próspero año 2008. Te quiero decir, porque así lo deseo, que me hagas una pequeña entrevista en la cárcel. Lo que se está haciendo conmigo atenta contra los derechos humanos, la dignidad personal, la justicia, la ley y la Constitución.

Hoy estoy solicitando a través de instancia una entrevista contigo. La libertad de expresión existe hasta para los presos. Lo dice la Constitución.

Más daño ya no me pueden hacer, sólo matarme, pero no lo van a conseguir.

Te quiero. Besos.

Julián Muñoz.

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz se enfrentará a una petición fiscal de dos años de prisión y 10 años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico, en el juicio que se celebrará los próximos días 17 y 18 de enero en el Juzgado de lo Penal número 5 de la Audiencia Provincial de Málaga.

La celebración de esta vista oral contra Muñoz y otros siete ex ediles, prevista para el pasado mayo, se ha suspendido en dos ocasiones, la última el pasado noviembre.

Los ex ediles acusados además de Muñoz son Rafael González Carrasco, María Luisa Alcalá Duarte, José Luis Troyano, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Pedro Tomás Reñones y Francisco Javier Lendínez.

Los hechos por los que serán juzgados se remontan a septiembre de 1999, cuando los encausados otorgaron una licencia de obra a la entidad ‘Laelco Inversiones’ para edificar 89 apartamentos y garajes en la urbanización Guadalpín Norte ‘a sabiendas’, según la Fiscalía, ‘de que contravenía las normas urbanísticas vigentes’.

Según el ministerio público, la licencia de obra se concedió en un momento en el que la normativa vigente se basaba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, en el que se calificaba tal suelo como rústico de control, y a partir del decreto 16/1981 como no urbanizable.

La Fiscalía considera que ‘tampoco sería lícita’ esta licencia conforme al PGOU de 1986, que no estaba publicado en ese momento, puesto que éste hubiera permitido construir viviendas unifamiliares adosadas ‘con un volumen de edificabilidad muy inferior al concedido’.

Julián Muñoz se encuentra en prisión provisional por el ‘caso Malaya’ contra la corrupción en Marbella desde hace año y medio y, recientemente, ha obtenido el segundo grado penitenciario.

EFE

RAQUEL RIVERA. MÁLAGA La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz el segundo grado penitenciario, lo cual le permitiría gozar de permisos ordinarios en abierto, si la cárcel considera que cumple los requisitos y es conveniente.

Muñoz, que se encuentra interno en la prisión de Jaén, cumple una condena firme de un año de cárcel por un delito urbanístico en el denominado ´caso Moansa´. El ex regidor se encuentra en esta nueva situación penitenciaria desde finales del mes de noviembre, una vez que Instituciones Penitenciarias hizo efectiva la solicitud de la cárcel de otorgarle el segundo grado, que es el régimen ordinario. Así, Muñoz no se encontraría ni en la primera categoría, para presos conflictivos o violentos, ni en el tercer grado, designado a personas que llevan un largo tiempo de condena y sólo pasan la noche en el centro penitenciario.

El ex alcalde ingresó en prisión el 20 de julio de 2006 como preso preventivo, por su presunta implicación en el ´caso Malaya´ contra la corrupción en Marbella, pero a finales del pasado mes de septiembre el instructor de esta causa le concedió la libertad provisional bajo una fianza de 50.000 euros.

La nueva clasificación como un interno que cumple condena no supone un cambio significativo, aunque le permitiría optar al régimen abierto. De hecho, según la ley, los penados clasificados en segundo grado pueden disfrutar de permisos de salida ordinarios, de hasta treinta y seis días al año, y de permisos extraordinarios cuando se producen circunstancias excepcionales.

Desde finales de octubre los letrados Diana Hinojosa y Pablo Lazárraga llevan el tratamiento penitenciario de Muñoz, para que pueda obtener el tercer grado. Los abogados han solicitado permisos para que pueda salir en Navidad.

Juicio. El ex alcalde marbellí y otros cinco antiguos concejales del GIL volvieron ayer a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito urbanístico, en este caso, por la aprobación de un proyecto para construir un edificio con 106 viviendas y comercios en una zona deportiva de uso.

Las defensas de los ediles solicitaron la suspensión de la vista oral y que el juez, titular del juzgado de lo Penal 7, se inhibiera por falta de imparcialidad en el caso. En este sentido, el letrado Pablo Luna denunció la falta de objetividad del magistrado, que precisamente dictó la última sentencia condenatoria de Muñoz.

La Fiscalía se opuso a esta petición, al considerar que “la objetividad de la sentencia del juez es evidente y no merece reproches de apreciaciones personales”. A este respecto, el juez señaló que la inhibición no procede, aunque se comprometió a evitar cualquier tipo de indefensión e intentaría no incluir consideraciones generales sobre la realidad de Marbella, que no hayan sido objeto de prueba en el juicio.

Por su parte, el edil Rafael González declaró que la Junta de Andalucía no pidió revisión de las licencias que se enjuician. En este caso, además de González y Muñoz, están acusados Manuel Calle, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez y Dolores Zurdo. Se enfrentan a 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación en el cargo.

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, sorprendió ayer a todos durante la vista oral que se ha venido celebrando en el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga por un nuevo delito urbanístico. Muñoz aseguró en la sala que tiene miedo y pánico, por lo que pidió «auxilio» y «amparo» al juez. Afirmó que «lo que se está haciendo conmigo no se hace con ningún ser humano, sea culpable o inocente». Su situación penitenciaria permite que le sea concedido un permiso carcelario en estas Navidades, aunque desde Instituciones Penitenciarias aseguran que no hay ninguna novedad sobre su puesta en libertad. No obstante, algunas fuentes señalan que Muñoz podría salir seis días a partir del próximo 21 de diciembre para estar con su familia. Recientemente se le ha concedido la clasificación como preso de segundo grado. Su abogado, Javier Saavedra, ha pedido reiteradamente su puesta en libertad, aunque siempre ha encontrado la oposición del juez y de la Fiscalía.

Tres licencias de obras otorgadas entre 1997 y 1998 para levantar viviendas unifamiliares en la zona de Las Medranas, en Marbella, han costado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz su cuarta condena por delito urbanístico. En este momento tiene tres condenas firmes que superan los dos años y medio de cárcel.

En esta causa, además, han sido condenadas cuatro personas más que formaban parte entonces de la comisión de gobierno de Marbella, entre ellas el que fuera primer teniente de alcalde con el fallecido Jesús Gil, Pedro Román, quien suma su segunda condena por delitos contra la ordenación del territorio.

En esta ocasión, no obstante, Julián Muñoz no ha sido condenado a cárcel, sino que, al igual que a Román, se le ha impuesto una multa de 20 meses a 15 euros diarios, equivalente a unos 9.000 euros y a nueve años de inhabilitación.

Muñoz, que en la vista oral por esta causa se quejó de que ya estaba dispuesto a autoinculparse hasta del atentado contra las Torres Gemelas, se conformó durante el juicio con la pena que le reclamaba el fiscal. También aceptaron los cargos Pedro Román y otros tres acusados (Mario Jiménez, María Luis Alcalá y Dolores Zurdo), mientras que Rafael González y Manuel Calle optaron por no aceptar la oferta de negociación de la Fiscalía y prefirieron ser juzgados, aún cuando el fiscal elevó entonces las peticiones de pena para ellos a dos años de cárcel y nueve de inhabilitación. Finalmente, Rafael González y Manuel Calle han sido condenados a 4.200 y 2.940 euros respectivamente.

Los hechos por los que el equipo que gobernaba en Marbella entre 1997 y 1998 ha sido condenado se produjeron cuando la comisión de gobierno autorizó a tres particulares para que levantaran chalés en parcelas de 1.000 metros cuadrados en la zona de Las Medranas, en San Pedro Alcántara, en una zona que según el PGOU era no urbanizable o sistema general, aúnque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en fase de revisión, ya la contempla urbanizable programada con una densidad de 50 viviendas por hectárea.

Las tres casas se levantaron en terrenos rústicos, según el titular del Juzgado de Instrucción número 7 que ha dictado esta sentencia. En el texto se indica que los acusados “desatendieron de forma intencionada la comprobación de las vicisitudes de cada expediente, sabedores como eran de que algunos de ellos podían implicar la expoliación urbanística de suelo rústico”, que en este caso estaba en parte destinado a cultivos especiales.